Nuevas multas por cartelización empresarial en Colombia

Tres nuevas compañías han recibido sanciones por acordar ilegalmente los precios en el mercado de los cuadernos.

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Bolsamania | 22 ago, 2016

Kimberly, Carvajal y Scribe son las empresas involucradas en este caso que les señala por fijar artificialmente y de manera concertada los precios en el mercado de los cuadernos escolares en el país.

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, luego de un año de investigaciones en el caso del “cartel de los cuadernos escolares” se han encontrado varias pruebas para determinar sanciones.

Luego de analizar la situación, la SIC impuso una multa total de $58 mil millones para las tres empresas y varios de sus directivos, la cual está repartida así para las compañías: Kimberly ($29.645 millones), Carvajal Educación ($14.823 millones); Scribe ($11.720 millones). A su vez, 24 directivos de las empresas involucradas deberán pagar multas que ascienden a $2.812 millones.

Ante el anuncio de multas, la división de Carvajal Educación aseguró que “no ha violado las normas de libre competencia”.

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En este caso, la delación ha sido nuevamente un factor determinante y es por eso que a pesar de su sanción la empresa Kimberly recibirá beneficios, tal y como le sucedió en los casos de los pañales y los papeles suaves, carteles con donde también resultó implicada.

Para la Superintendencia, estas empresas atentaron gravemente contra el régimen de libre competencia y esto se pudo determinar gracias a una serie de correos en que los directivos de dichas empresas concertaban las maniobras para manipular un mercado en el que ´cuentan con participación superior al 50 por ciento.

CARVAJAL SE DEFIENDE

Frente a las decisiones de la SIC y las investigaciones previas a la multa, una de las principales implicadas en el caso de colusión advirtió que tomará acciones para rechazar las acciones legales de la Superintendencia.

Ante el anuncio de multas, la división de Carvajal Educación aseguró que “no ha violado las normas de libre competencia” y resaltó que “acudirá a la instancias que le brinda la ley para demostrarlo”.

Según alega la compañía implicada, la Superintendencia contrarió “los derechos fundamentales al debido proceso y a la presunción de inocencia”, al ignorar “más de 20 documentos, 31 testimonios e interrogatorios, 2 dictámenes periciales de reputados economistas y decenas de horas de contra preguntas a los delatores que demostraban las debilidades e inconsistencias del caso”.

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