Consejo de Estado pide investigar a las Farc por desplazamiento cometido hace más de 15 años
En las investigaciones entregadas a la Fiscalía, se específica que la guerrilla rompió protocolos del Derecho Internacional Humanitario en los hechos que sucedieron entre los años 98 y 99.
- Los hechos sucedieron en la antigua 'zona de distensión' que fue otorgada a las Farc durante el mandato de Andrés Pastrana.
El Consejo de Estado de Colombia ha pedido a la Fiscalía General de la Nación que inicie una investigación contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por un delito de desplazamiento forzado contra ciudadanos del municipio de Mesetas (en el departamento de Meta) cometido en el año 1999.
En los documentos entregados a la Fiscalía, se especifica que las FARC violaron normas del Derecho Internacional Humanitario al desplazar bajo amenazas a un ciudadano de tres predios de su propiedad situados en la 'zona de distensión' que se estableció al sur del país como parte de las conversaciones de paz que se iniciaron con la guerrilla en 1998.
Se especifica que las FARC violaron normas del Derecho Internacional Humanitario al desplazar bajo amenazas a un ciudadano de tres predios de su propiedad situados en la 'zona de distensión'.
Según denuncia la víctima, armados ingresaron a sus predios y robaron ganado y otros enseres, además de obligar al dueño a abandonar sus tierras, tal y como informa la emisora colombiana Caracol Radio. De esta forma, asegura que no se cumplieron los principios de distinción y de protección en atención a los cuales se encuentran prohibidos los desplazamientos forzados a la población civil.
"La Sala ha considerado que en aquellos casos en los que se verifique una actuación legítima por parte de una autoridad administrativa, pero que con cuya ocasión se haya generado un daño antijurídico (como al establecer una zona de distensión en situación de conflicto armado), se ve comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado", indica la sentencia.
Por último, se ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la realización de un informe especial relativo a las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se hubieran podido cometer con motivo del establecimiento de la zona de distensión.
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