Estudio revela que una política de alimentación laboral mejoraría la productividad impulsando el PIB
La información se dio a conocer en un seminario patrocinado por la Subsecretaría de Trabajo que se realizó en la sede la Organización Internacional de Trabajo, OIT, en Santiago.
Destacados representantes del mundo político y sindical debatieron este jueves en torno a la alimentación saludable y la importancia de contar con lineamientos para esta materia, en el marco del seminario “Por una política de alimentación laboral”, patrocinado por la Subsecretaría del Trabajo. En la ocasión se presentó el primer estudio que cuantifica en Chile el impacto de una mejora alimenticia en la productividad.
El texto revela que si el gasto óptimo en este ítem aumenta un 1%, no sólo el trabajador presenta mejoras físicas, mentales y productivas, sino que se traduce además en un ahorro para las empresas y el Gobierno, significando un aumento de 0,3% al Producto Interno Bruto (PIB) en cinco años. Asimismo, estima que mejoraría la productividad acumulada en 0,1% en el mismo lapso.
Lo anterior, señala el texto, equivale a casi US$ 6.000 millones extra para la economía y US$ 1.100 millones más para el presupuesto fiscal.
El estudio, realizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, se ocupa de hacer una proyección del impacto macroeconómico del aumento en gasto de la alimentación óptima en el país, considerando que un 30% de los trabajadores no almuerza regularmente, que un 39% de no recibe ningún tipo de beneficio de alimentación por parte de sus empleadores y que un 22% no dispone de un lugar para comer, según cifras de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) al 2012.
El profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Carlos García Toledo, destaca que el estudio “es un aporte en el sentido que cuantifica la repercusión de una alimentación sana en la productividad, usando para ello un modelo estándar para el análisis macroeconómico que permite identificar adecuadamente la conexión entre ambas variables”. Lo anterior, señala, “contribuye a sentar bases sólidas para avanzar en la discusión en torno al establecimiento de una política pública que garantice el derecho de los trabajadores a la alimentación”.
La visión del mundo sindical
La alimentación es uno de los grandes desafíos que enfrentan los representantes de los trabajadores en Chile. El vicepresidente de la CUT y presidente del Sindicato de ENAP Aconcagua, Nolberto Díaz Sánchez hace hincapié en la necesidad de que el tema se convierta en prioridad para las autoridades. “Junto con regular esta situación, una ley sobre esta materia generaría efectos positivos en el crecimiento del PIB, el consumo, los salarios reales, además de ahorros en materia de salud para las familias de los trabajadores”, aseguró.
Por su parte, el presidente del sindicato interempresas Lider Walmart y consejero nacional de la CUT, Juan Moreno considera que “contar con una política de alimentación laboral sería un paso histórico en la lucha por reivindicar los derechos de los trabajadores”. Argumenta que “en los dos últimos años este tema ha sido una de las principales demandas en grandes movimientos sindicales como las movilizaciones portuarias y el paro nacional de recolectores de residuos domiciliarios, lo que da cuenta de una necesidad”, por lo cual, “si queremos lograr estándares internacionales en materia de seguridad y beneficios laborales, se debe avanzar en esta materia”, enfatiza.
El caso de Brasil
Los datos establecen que en materia de alimentación laboral Chile se ha quedado rezagado en relación a otros países de la región, como es el caso de Brasil, que cuenta desde 1991 con un programa tripartito de financiamiento de la alimentación, conocido como PAT, en el que participan activamente las empresas, sus empleados y el Estado. Tan sólo el año pasado dicha iniciativa benefició a más de 18 millones de trabajadores de bajos ingresos, de los cuales más de 15 millones ganaron hasta cinco salarios mínimos (equivalente a US$ 1.456) para costear una mejor alimentación, mientras que las empresas que adhirieron –cifradas en 205 mil- recibieron a cambio incentivos fiscales y exención de contribuciones de seguridad social.
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