Chile prepara un plan para celebrar las primeras uniones entre homosexuales ante la huelga de funcionarios
Este jueves 22 de octubre comienza a regir el llamado Acuerdo de Unión Civil.
Actualizado : 17:16
Las autoridades chilenas han preparado este martes un plan para que esta semana puedan celebrarse los primeros uniones entre personas del mismo sexo en el país, a pesar de que los funcionarios públicos del registro civil permanezcan en huelga desde hace 21 días, según ha afirmado el portavoz del Gobierno.
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El Acuerdo de Unión Civil (AUC), que legaliza la unión de parejas del mismo o distinto sexo, comenzará a ser válido el próximo 22 de octubre, lo que se convertirá en un nuevo paso para combatir la discriminación en una sociedad tradicionalmente conservadora.
"Los funcionarios que van a cumplir esta función están completamente capacitados", dijo el ministro Díaz.
El portavoz del Gobierno de Chile, Marcelo Diaz, ha afirmado que ante la duración de esta huelga de trabajadores del registro civil, en la que se pide una mejora de las condiciones salariales, el Gobierno contará con la ayuda de otros funcionarios que serán los encargados de formalizar los matrimonios civiles.
"Los funcionarios que van a cumplir esta función están completamente capacitados. Esta decisión está enmarcada dentro de las medidas que hemos tomado para hacer frente a los efectos del paro", ha explicado Díaz.
El viceministro de Interior chileno, Mahmud Aleuy, ha calificado de "incomprensible" esta movilización, ya que en estos momentos hay una negociación en marcha de todo el sistema público con el objetivo de mejorar los salarios durante el mes de noviembre. Además ha afirmado que el sueldo de los funcionarios de los registros civiles "es de un millón 23.000 pesos al mes, tres veces más que el salario medio de un ciudadano chileno", según ha indicado Aleuy en Radio Bío-Bío.
Alrededor de 500 parejas hétero y homosexuales tenían previsto celebrar su unión en los tres primeros días en los que el AUC comenzara a ser vigente.
La iniciativa había sido enviada al Senado por el presidente conservador Sebastián Piñera en 2011 aunque fue modificada por la actual mandataria, Michelle Bachelet, para lograr una tramitación que estuviera libre de obstáculos.