Oposición impugna ante la Contraloría documental sobre Bachelet
En el oficio se le pide al organismo determinar si los $40 millones utilizados para el registro audiovisual son un gasto de publicidad encubierto y cuestiona la contratación directa de la cineasta Tatiana Gaviola.
Actualizado : 12:29
El diputado RN, Nicolás Monckeberg, y el prosecretario de la UDI, Jorge Alessandri, acudieron a la Contraloría General de la República para presentar un requerimiento ante el ente para impugnar la realización del documental sobre la Presidenta Michelle Bachelet.
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En el oficio solicitan que se investigue si los $40 millones destinados al registro audiovisual son un gasto de publicidad en cubierto y cuestiona la contratación de la cineasta Tatiana Gaviola.
Desde La Moneda rechazan los reclamos de los opositores y lo catalogaron como "la polémica del verano".
"La procedencia de contratar por trato directo su realización, privando la concurrencia de otras ofertas, en directo beneficio de una ex colaboradora de su campaña presidencial", detalla el documento publicado por Pulso.
En este sentido el diputado de RN señaló que "nadie discute el talento de Tatiana Gaviola en el área documental, personalmente pienso que es una mujer talentosa. Por lo mismo, habría ganado probablemente por su talento un concurso público. Pero más allá de lo personal, creo que no es correcto y legal que aquí se haya asignado a dedo un contrato de $40 millones a quien entonces era funcionaria de Gobierno".
"Le pedimos honestidad al Gobierno, que reconozcan el error. Aquí se quiere hacer una publicidad encubierta y tienen todo el derecho a hacerlo, pero no con fondos públicos", señaló Monckeberg.
En cuanto a las declaraciones del oficialismo que recordaron sobre la realización de 11 libros al término del mandato del ex presidente Sebastián Piñera, que suman un pago del Gobierno de $141 millones, el parlamentario de oposición señaló que “aquí las situaciones son completamente distintas y el Gobierno cuando intenta compararlas o empatarlas está faltando a la verdad”.
Argumentando al respecto que “la ley 20.500 obliga a los Presidentes de la República y a todas las autoridades hacer cuentas públicas de su mandato. Y por lo tanto al final de su periodo el Presidente de la República junto a los intendentes en cada una de las regiones cumplió con la ley”.