Escándalo en Chile por colusión de precios de papel higiénico y servilletas

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento contra dos empresas del rubro papel por haber creado y participado de un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos.

En su acusación, que fue acogida a tramitación por el TDLC, la Fiscalía plantea que "ambas firmas celebraron y ejecutaron acuerdos que les permitieron mantener operativo este cartel a partir del año 2000 y al menos hasta diciembre de 2011, afectando el mercado nacional de comercialización mayorista de papel higiénico, toallas de papel, servilletas, pañuelos desechables y faciales en el canal de venta masivo", según consignan varios medios de comunicación.

CMPC y SCA (ex Pisa) representan cerca de 90% del mercado de papeles tissue en el canal masivo y sus ventas anuales suman cerca de US$400 millones.

Delación compensada

Durante el curso de la investigación, que comenzó de oficio en diciembre del año pasado, ambas empresas acudieron a la Fiscalía a solicitar el beneficio de delación compensada, aportando antecedentes que hicieron posible conocer el alcance y operativa del cartel.

Tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales del programa de clemencia, ambas solicitudes fueron aceptadas por la FNE, que solicitó al Tribunal la exención de la multa para CMPC (primera empresa en autodenunciarse, en marzo de 2015) y una multa de 20.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 15,5 millones para SCA. Este monto supone una rebaja respecto del techo de multas establecido en la ley para casos de carteles, por haber llegado en segundo lugar a solicitar el beneficio, el 7 de octubre pasado.

Desde CMPC afirmaron que "nos autodenunciamos al descubrir esta conducta que atenta contra todas nuestras políticas corporativas. Conocidos los primeros antecedentes, el Directorio informó a las autoridades pertinentes, instruyó de inmediato una investigación exhaustiva y tomó todas las medidas tendientes a que este tipo de conductas no vuelvan a repetirse."

Adicionalmente, desde la Companía señalaron que "el hecho que algunos de nuestros ejecutivos haya realizado acciones contrarias a la libre competencia no sólo contraviene la legislación vigente sino que afecta profundamente nuestra forma de actuar como empresa, las políticas corporativas y nuestra cultura organizacional."

Dentro de las medidas que tomó la papelera, se encuentran la "renuncia al Gerente General de CMPC Tissue S.A. y la desvinculación de sus cargos a otros altos ejecutivos que tuvieron un rol determinante en los hechos"

Durante la investigación, la Fiscalía constató una serie de actos tendientes a ocultar el cartel por parte de las empresas acusadas.

Entre las diligencias que llevó a cabo la Fiscalía durante la investigación, se cuenta la entrada, registro e incautación a las dependencias de SCA, lugar donde el 25 de septiembre pasado se pudo recopilar diversos antecedentes valiosos para la indagatoria.

Al mismo tiempo, durante la investigación, la Fiscalía constató una serie de actos tendientes a ocultar el cartel por parte de las empresas acusadas. Así por ejemplo, está acreditado que los ejecutivos que gestionaron los acuerdos evitaron traspasar información en formato digital o por correo electrónico institucional, por lo que preferían el uso de documentos impresos y cuentas de correo electrónico personales para estos fines. Al mismo tiempo, utilizaron teléfonos celulares de prepago para comunicarse con la competencia y representantes de una de estas empresas admitieron que llegaron a deshacerse de computadores.

La Fiscalía señaló que "este es uno de los mayores casos de colusión detectados en el país. Su gravedad radica tanto en su extensión en el tiempo como en la masividad del mercado que afectó y la casi nula sustitución de estos productos".

Esta es la quinta ocasión en que la Fiscalía hace público y tramita ante el TDLC un caso que incorpora el mecanismo de delación compensada, vigente en Chile desde 2009, cuando se realizó la última modificación al Decreto Ley 211.
Los casos anteriores fueron compresores para refrigeradores, compañías de transporte interurbano en la ruta Santiago – Curacaví, empresas proveedoras de asfalto y compañías navieras.

Impacto en la sociedad chilena

Por su parte, el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, manifestó que "me atrevería a catalogarlo como uno de los más importantes que ha logrado desbaratar esta Fiscalía". Lo anterior, debido al impacto generado en el mercado donde operaba -de alto consumo en los hogares- y por su larga duración.

Irarrázabal destacó la sofisticación que han ido desarrollando las empresas que se coluden para alcanzar sus acuerdos. En este sentido, señaló que se trata de "carteles 2.0 o 3.0, por la confidencialidad y secretismo" en el que han incurrido, según informa El Mercurio.

Añadió que "en ese sentido adquiere extremada importancia la delación compensada para desactivar los carteles y porque le permite a uno, como autoridad, entender los hechos de forma más nítida, porque son confesiones de los actores que participaron en el cartel".

El fiscal también se refirió a la relevancia de haber iniciado la indagación a fines de 2014, a la que posteriormente se añadieron las delaciones compensadas. Comentó que la investigación de oficio impulsada por la FNE "probablemente empujó a CMPC a optar a una delación compensada".

Irarrázabal indicó que en el extranjero, donde existe una mayor cultura relacionada con la delación compensada, se dan casos en que son las propias compañías las que se acercan de forma voluntaria a autodenunciarse, antes de que el fiscalizador actúe por oficio. De todos modos, sostuvo que las autoridades siempre deben ser proactivas y abrir investigaciones, porque a través de esas acciones se puede llegar a obtener información relevante.

La autoridad destacó que en Estados Unidos y Europa existen casos de éxito de organismos de libre competencia que se sustentan en la delación compensada, siendo este mecanismo el que ha dado origen a grandes sanciones. Esta fórmula se comenzó a implementar en Chile en 2009.