Este es el plan del gobierno chileno para enfrentar la colusión
Tras el último caso que involucró a los supermercados, la Presidenta Bachelet pidió despachar en enero el proyecto que sanciona con cárcel las infracciones a la libre competencia.
Tras calificar de “inaceptable” el último caso de colusión de supermercados denunciado ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) por la Fiscalía Nacional Económica, la Presidenta Michelle Bachelet llamó a los parlamentarios a despachar el proyecto anticolusión este mes del Congreso.
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Esto, ya que la iniciativa que fortalece el Sistema de Defensa de la Libre Competencia y aumenta las sanciones a la colusión, es la principal apuesta del gobierno para enfrentar estos sucesos que causan alta indignación en los ciudadanos.
Para esto, el proyecto del Ejecutivo que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Parlamento, propone penas de cárcel, aumento de las multas e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos.
El Gobierno espera que el Congreso Nacional despache lo antes posible el proyecto de ley.
Estos son los principales puntos, según informa hoy La Tercera:
PENAS DE CÁRCEL
Se establece un tipo penal especial para casos de colusión contemplados en el Código Penal, que contemplan una pena de crimen, esto es, presidio menor en su grado mínimo que va desde 5 años y 1 día a 10 años, con el fin de disuadir de forma efectiva la participación de personas naturales en este tipo de prácticas.
MULTAS
Contempla además un nuevo límite para las multas aplicables por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), tanto a la colusión, como al resto de las conductas anticompetitivas. Según establece el proyecto, las multas máximas podrían llegar al 30% de las ventas correspondientes al período durante el cual la infracción se haya prolongado o el doble del beneficio económico obtenido por la infracción.
MEJORAS INSTITUCIONALES
La iniciativa propone mejoras institucionales y de procedimientos. Entre ellas, le otorga a la Fiscalía Nacional Económica la facultad de realizar estudios de mercado, para lo cual podrá recabar información tanto de particulares como de instituciones públicas; establece sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones de la FNE, con penas de prisión para quienes proporcionen información falsa, incompleta o de forma extemporánea, y multas para aquellos investigados que no respondan o respondan sólo parcialmente a las solicitudes de información efectuadas por la FNE, o para quienes injustificadamente no comparezcan a declarar; y permite contar con dedicación exclusiva de los ministros titulares del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
INHABILIDADES EN CARGOS PÚBLICOS
Como sanción adicional, el proyecto establece que los implicados en los casos de colusión no podrán ejercer cualquier cargo en órganos de la Administración del Estado hasta por el plazo de 5 años contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.
“De esta manera, quien haya sido parte en un cartel no podrá beneficiarse de la obtención de recursos públicos”, señala el texto.
DELACIÓN COMPENSADA
En materia de delación compensada, se establece que estará exento de responsabilidad criminal el que primero aporte antecedentes a la FNE y haya accedido a los beneficios de este mecanismo. Con esto, se potencian los incentivos para autodenunciarse y poner fin al cartel y posibilita que un ejecutivo se desmarque de la empresa y denuncie la colusión.