ERC pide la abdicación de Felipe VI y una ley de amnistía para revertir consecuencias del 155

ERC pide la abdicación del Rey Felipe VI "por salud democrática" y promover una ley de amnistía que incluya la liberación de los dirigentes independentistas encarcelados y el retorno de los que se encuentran en el extranjero, para revertir los efectos y consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

"Independientemente de la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, por salud democrática, consideramos necesaria la abdicación de Felipe VI, una investigación exhaustiva sobre las interferencias políticas y la corrupción de la monarquía borbónica" y un referéndum sobre el modelo de Estado, destaca en sus conclusiones de la comisión de investigación del Parlament sobre el 155, que ha registrado este martes.

Considera que no se puede consolidar una democracia de calidad hasta que se produzca un consentimiento explícito en la elección del jefe de Estado, y que el Rey hizo una intervención el 3 de octubre de 2017 "abandonando completamente la máscara de neutralidad con la que se había justificado la monarquía", según estas conclusiones, consultadas por Europa Press.

ERC asegura que la aplicación del artículo 155 implicó una vulneración de derechos que "no se podrá reconducir si no es con una ley de amnistía en la que el Estado reconozca sus abusos y repare a las víctimas", incluyendo la liberación de los dirigentes independentistas presos, el retorno de los que están en el extranjero y la absolución de encausados.

"La amnistía es el único mecanismo legal que permite la transición de una situación de excepción y persecución penal a una situación de diálogo y de democracia" y representa un mecanismo de reparación colectiva, y avisa de que la amnistía no es un objetivo, sino un prerequisito para la resolución del conflicto.

Los republicanos creen que el principal actor político en la aplicación del artículo 155 fue el Gobierno central, aunque señalan que el papel del Rey también fue clave, así como otros partidos políticos: el PSOE es "plenamente corresponsable de la aplicación y gestión del 155", y la complicidad del PSC, PP y Cs en Cataluña fue imprescindible, según ERC.

ESTADO DE ALARMA

Asegura que "el precedente creado con la aplicación del 155 también ha impactado en la gestión del estado de alarma, con una serie de mecanismos que, en lugar de reflejar el consenso territorial del régimen del 78, son más propios del proyecto autonómico de Estado unitario 'de facto", primando una concentración jerárquica, inconstitucional y militarizada.

"Para el Estado español cualquier pretexto es bueno para justificar la involución" en el ámbito de libertades y colectivas, según el grupo parlamentario, que enmarca la aplicación del 155 en una causa general contra el independentismo que pretende desarticularlo como movimiento cívico y político mediante el derecho penal del enemigo.

Advierte de que todavía puede percibirse el impacto del 155 --que vino precedido por una "estrategia de guerra sucia económica"--, y considera que las medidas aplicadas no fueron proporcionadas, excedieron el objeto del 155, generaron grandes perjuicios en la administración pública y vulneraron derechos fundamentales de la ciudadanía.

Acusa al Estado de haber usado herramientas "de forma chapucera, demofóbica y reaccionaria", y de haber aplicado el 155 para que los partidos independentistas dejaran de gobernar las instituciones catalanas, cuando cree que la única garantía para reconocer la democracia territorial es el reconocimiento del ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Cree que la aprobación y aplicación del 155 se produjo con irregularidades e ilegalidades, representando un "golpe de Estado institucional" y la suspensión de la democracia parlamentaria en Catalunya, y lamenta que no hayan comparecido en la comisión parlamentaria representantes públicos citados, como el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ve voluntad de censura del debate democrático y asegura que la tensión del Parlament en el pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017 fue fruto de la voluntad de defender la autonomía de la democracia parlamentaria ante quienes querían limitarla, "sin que sea incompatible con entender la necesidad de más empatía con personas que no comparten este planteamiento", como destacó la expresidenta del Parlament presa, Carme Forcadell, y el exconseller Raül Romeva, recuerda ERC.