Economía.- Planas plantea a los agricultores cobrar por enterrar los restos de poda

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha planteado a los agricultores la posibilidad de cobrar por enterrar los restos de poda, algo que permiten los 'ecorregímenes' de la nueva Política Agraria Común (PAC).

Planas ha respondido así este miércoles a los medios de comunicación que se han interesado en Tèrmens (Lleida) por la respuesta del Gobierno a las quejas de los agricultores por la prohibición de las quemas.

Ha explicado que un exceso de expedientes está retrasando las autorizaciones de excepciones de la nueva norma, que prohíbe de forma general la quema de restos vegetales.

Ha explicado que se está "buscando una solución con el Ministerio de Transición Ecológica, que es responsable del tema, para que se pueda aclarar con la modificación legal que proceda".

El ministro ha remarcado que la ley de residuos es la transcripción de una directiva europea que los estados miembros tienen que cumplir. "Hay que cambiar las formas de gestionar; los agricultores no son gente del pasado, son del presente y de futuro y siempre saben adaptarse", ha afirmado.

AYUDAS A CENTRALES FRUTÍCOLAS

Planas, que ha visitado a dos empresas frutícolas de Lleida --Fruita Blanch y ActelGrup-- antes de clausurar el V Congreso nacional de ingenieros agrónomos, ha puesto en valor las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno por las heladas primaverales, por más de 12 millones de euros, seis de los cuales para Cataluña, para apoyar al sector de la fruta y proteger el empleo.

"Es un momento triste y difícil y me siento al lado de los agricultores. Es el momento para la solidaridad y para el apoyo mutuo", ha señalado.

El ministro ha avanzado que el Gobierno aprobará en breve un Real Decreto para facilitar el desarrollo de los programas operativos de las organizaciones de productores, que permitirá aumentar el porcentaje de ayuda comunitaria del 50% al 70%; facilidades para la solicitud de la ayuda, y anticipos y exenciones de determinadas obligaciones que no se puedan cumplir por las caídas de producción debido a fenómenos como la sequía o las heladas.

Según sus datos, en Cataluña existen unas 62 organizaciones productoras de frutas y hortalizas, que reciben en torno a 21 millones de euros al año en ayudas para sus programas operativos.