Cárcel para un guardia civil por cobrar por facilitar el contrabando de tabaco en Lleida
Su pareja acepta dos años de cárcel en un juicio de conformidad entre Fiscalía y defensa
LLEIDA, 16 (EUROPA PRESS)
Un agente de la Guardia Civil ha aceptado este miércoles, en un juicio de conformidad entre la Fiscalía de su defensa, tres años de cárcel por facilitar el contrabando de tabaco en la aduana de la Farga de Moles, en Lleida, a cambio de dinero de los contrabandistas.
Según ha informado Fiscalía este jueves, en el juicio, celebrado en la Audiencia de Lleida, su pareja ha aceptado dos años de cárcel al reconocer que era ella la que quedaba con los contrabandistas en lugares despoblados para cobrar.
Otros dos acusados han aceptado tres años: uno de ellos era el encargado de conseguir el tabaco y otro de conducir la caravana con la que transportaban el tabaco, que fue inspeccionada en un control rutinario en junio de 2016, cuando fueron intervenidas 21.060 cajetillas de diferentes marcas.
Según el escrito de la Fiscalía, cuando el guardia civil supo que iba a ser trasladado al Seprona en Guadalajara, adoctrinó a su pareja para que identificara coches camuflados y evitara conversaciones en el coche por si había micrófonos para que no fueran descubiertos en posibles investigaciones.
El agente facilitaba a terceros información para asegurar el paso de la mercancía por el puesto aduanero procedente de Andorra aprovechando el paso de las autocaravanas cuando él estaba de servicio para evitar que fueran inspeccionadas.
Cuando fue trasladado a Guadalajara, el acusado realizaba la consulta telemática de las autocaravanas que no constaban en las bases policiales que podían utilizarse para el transporte de tabaco sin levantar sospechas en el puesto fronterizo y facilitaba la información a su pareja.
El acuerdo entre Fiscalía y defensa para el agente incluye la inhabilitación para el empleo relacionado con la Guardia Civil o cualquier actividad relacionada con las fuerzas y cuerpos de seguridad o cargo público en nueve años y una multa de doce meses.
Los acusados tendrán que indemnizar al Estado con 78.087 euros de cuya cantidad se descontarán los 30.000 euros consignados en la instrucción y 10.250 más comisados durante la instrucción.