Letrados del Parlament no ven que deba amparar casos como la "amenaza de secuestro" a Puigdemont
BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)
Los letrados del Parlament han trasladado a la Mesa un informe por el que recuerdan que el reglamento no prevé amparo jurídico para casos judiciales personales como la "amenaza de secuestro" que denunció el expresidente Carles Puigdemont ante el órgano rector.
El informe, encargado por la Mesa tras pedir amparo Puigdemont y al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que el reglamento de la Cámara "no regula actualmente ningún derecho ni mecanismo específico que prevea la actuación de la Cámara para garantizar la protección jurídica" de sus miembros.
Con todo, el documento recuerda que en los trabajos de la reforma del Reglamento "se han planteado algunas propuestas orientadas a prever esta posibilidad".
El informe responde a la carta remitida por Puigdemont al Parlament pidiendo amparo legal porque el expresidente alegó que había sufrido una amenaza de secuestro.
En la carta, registrada en la Cámara el 9 de abril, el presidente explicaba: "Días atrás trascendió, a través de los medios de comunicación, que un empresario, de nombre Gerard Bellalta, ofrece la cantidad de 100.000 euros como recompensa por secuestrarme".
"Al margen de las acciones que el Ministerio Público tendría que emprender contra alguien que declara públicamente la intención de cometer un delito de esta entidad, que puede incentivar acciones ilegales de espontáneos o de voluntarios de diferente índole, como miembro que soy del Parlament de Cataluña, pido amparo a la Mesa", expuso Puigdemont, y el órgano rector acordó pedir un informe a los letrados que este jueves han entregado en la Mesa.
Ese informe también expone que si Puigdemont tiene conocimiento de hechos que "tienen relieve penal" debe dirigirse al Ministerio Fiscal o a los funcionarios de policía.
También recuerda que la Ley de expresidentes recoge una "protección jurídica específica" para ellos y que, en todo caso, a quien debería dirigirse es a los servicios jurídicos de la Generalitat.