SECTOR ENERGÉTICO: El Gobierno se compromete a consensuar un tributo energético (valoración)

El Gobierno logró ayer un acuerdo in extremis para salvar el grueso de su paquete tributario, a cambio de comprometer un incierto impuesto a las energéticas que deberá contentar al resto de sus socios parlamentarios. La idea inicial del Gobierno era mantener este impuesto.

Junts y PNV se oponían ante la posibilidad de deslocalización de estas empresas, que condicionaban inversiones en España por valor de 30.000M€ a la retirada del impuesto. ERC, Bildu y BNG eran favorables a prorrogar un año este impuesto. Unidas Podemos exigía que se convirtiese en permanente.

El Gobierno ganó ayer un margen extra, hasta fin de año, para tratar de poner a todos sus socios de acuerdo. El Gobierno se ha comprometido a consensuar con el bloque de investidura un tributo energético que no grave la descarbonización. En el caso de que dicho consenso no se hubiera logrado antes del 31 de diciembre, el Gobierno garantiza que aprobará un Real Decreto-ley con la prórroga del gravamen a las empresas energéticas actualmente vigente de cara al ejercicio 2025.

Opinión: Se mantiene la incertidumbre sobre la continuidad del impuesto energético. Se creará una comisión negociadora con PNV, Junts, ERC, Bildu, BNG, Coalición Canaria, PSOE, Sumar y Unidas Podemos para intentar llegar a un consenso antes de fin de año.

PSOE y Podemos se comprometen a respetar las principales líneas rojas planteadas por Junts y PNV, al acordar que el impuesto no grave las inversiones destinadas a la descarbonización. En caso de no llegar a un acuerdo, se prorrogará un año.

Las grandes energéticas afectadas por el impuesto (Iberdrola, Endesa, Repsol, Cepsa, Naturgy y EDP) seguirán dando batalla si el gravamen continua, aunque el Gobierno introduzca algún tipo de desgravación. Dudan que en la práctica sea una tasa light, ante la desconfianza de que las deducciones por reinvertir en transición energética sean finalmente efectivas. El concepto de transición energética es muy interpretable y podría dar lugar a una discrecionalidad absoluta del Gobierno.

El pasado miércoles todas las energéticas se unieron y lanzaron un comunicado contra el gravamen. La oposición al impuesto se mantendrá porque entienden que las deducciones generan enorme inseguridad jurídica.

Repsol es la energética más afectada por este impuesto. Pagó 443M€ en 2023 (con cargo a los resultados de 2022) y 350M€ en 2024 (con cargo a 2023). Iberdrola pagó 216M€ en 2023 y 160M€ en 2024. Endesa pagó 208M€ en 2023 y 202M€ en 2024. Naturgy pagó cerca de 300M€ en el conjunto de los dos años en que ha estado en vigor el impuesto.

En términos relativos, el impuesto representa el 17% del BNA de Repsol estimado para 2024, el 11% para Endesa, el 8% para Naturgy y el 3% en el caso de Iberdrola.

En los dos años en que ha estado en vigor, el gravamen ha supuesto un 5,7 % de la capitalización bursátil actual de Repsol, el 1,7% de Endesa, el 1,3% de Naturgy y el 0,4% de Iberdrola. El sector sostiene que no hay justificación para mantener el impuesto en un entorno de precios de la energía claramente más débiles en comparación a cuando se puso en marcha en 2022 con la guerra de Ucrania.

La media del precio del pool en 2024 es 53,9€/MWh vs por encima de los 200€/MWh durante la invasión de Ucrania. El sector reclama estabilidad y claridad fiscal para poder llevar a cabo sus inversiones.