El Gobierno gravará temporalmente con un tipo del 1,2% los ingresos de las energéticas (valoración)

Sobre la posibilidad de que las empresas trasladen el coste del impuesto a los clientes, el Gobierno ha establecido en la proposición una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) será el órgano encargado de velar de que no se repercuta el gravamen sobre los clientes. El Gobierno no contabilizará la facturación de las filiales de las empresas en el exterior. El gasto en este impuesto no es deducible a efectos del impuesto de Sociedades. Además, en el caso de las energéticas, cuando el negocio energético no alcance el 50% de la facturación, el Ejecutivo prevé que se excluya al grupo económico del pago de la prestación patrimonial.

Opinión de Bankinter

El Gobierno ya había adelantado su intención de gravar los ingresos extraordinarios de las empresas energéticas por lo que la noticia no sorprendió totalmente al mercado. Todavía queda por conocerse algunos detalles del impuesto, por ejemplo si los ingresos procedentes de las redes de distribución quedarían o no sujetas (ya que estas actividades no se ven beneficiadas de los mayores precios de la energía).

En cualquier caso, las empresas más perjudicadas por este nuevo impuesto serán aquellas que concentren la mayor parte de su negocio en España (las más diversificadas geográficamente podrán diluir el impacto del impuesto) y aquellas que tengan unos márgenes más bajos en su actividad (ya que el impuesto se establece sobre los ingresos y no sobre los beneficios ). Con estos criterios, las empresas más perjudicadas en términos relativos serían Repsol (márgenes bajos en la actividad de refino) y Endesa (que concentra el 100% de su negocio en España y el negocio de comercialización tiene márgenes bajos).

Por el contrario, el impacto sobre Acciona Energía (con diversificación geográfica y con el 100% de su actividad en generación que tiene márgenes más altos) o sobre Iberdrola (España solo representa el 30% de su negocio) será más moderado. Redeia (Red Eléctrica) o Enagás no están afectadas ya que el Gobierno deja fuera de las empresas sujetas al impuesto a los gestores de los sistemas tanto eléctrico como gasista, ya que sus actividades están reguladas. Solaria tampoco se ve afectada por el impuesto ya que no alcanza los 1.000M€ de facturación anual.