Funcas cree que el repunte del crédito al consumo no es preocupante, pese a los avisos del Banco de España
La intensidad del reciente crecimiento del crédito al consumo en España, en un contexto de muy bajos tipos de interés, ha reabierto el debate sobre la posibilidad de que el sector privado vuelva a endeudarse hasta niveles insostenibles.
Sin embargo, como explica Joaquín Maudos en el último Cuadernos de Información Económica, publicación editada por Funcas, este incremento no es preocupante por ahora, ya que este tipo de crédito solo representa el 12% de los préstamos de la banca a los hogares (porcentaje similar a Alemania e inferior a Francia).
Además, el crédito al consumo presenta una tasa de morosidad reducida, del 5,2% en el total del crédito al consumo y 3,3% en el caso de bienes de consumo duradero, que es el que crece con más intensidad. De hecho, el volumen de préstamos morosos al consumo de bienes duraderos ha descendido en valor absoluto un 61% desde principios de 2009, hasta situarse en 1.100 millones de euros.
Maudos apunta que el fuerte crecimiento, de dos dígitos desde septiembre de 2016, se debe a que la demanda de bienes de consumo duradero estuvo retenida durante la crisis, a lo que se suma la caída del coste de financiación. A medida, que la demanda se satisfaga y repunten los tipos de interés, el crecimiento volverá a tasas más moderadas.
La preocupación por la autoalimentación entre riesgos bancarios y soberanos ha generado en Europa un debate, en el marco de la unión bancaria, sobre el tratamiento regulatorio de las tenencias de deuda pública, en tanto que las mismas están exentas de cómputo a efectos de requerimientos de recursos propios. Ángel Berges, Alfonso Pelayo y Fernando Rojas analizan la estrecha relación entre el sistema bancario y el sector público a través de la deuda soberana, una relación que, sin embargo, ha resultado beneficiosa para ambos. Los autores, que en una primera entrega en el anterior Cuadernos de Información Económica mostraron la perspectiva del Tesoro, explican ahora la importante aportación de la renta fija (deuda pública en su mayoría) a las cuentas de resultados del sistema bancario hasta fechas recientes. Esa contribución se ha producido por una doble vía. En primer lugar, por el cobro de intereses (cupones) de los bonos en cartera, que en el periodo 2008-2014 representaron casi el 20% del total de ingresos financieros del sistema bancario. Y, más importante, por la materialización de plusvalías al vender bonos.
A pesar de la insistencia de algunos países, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea recomienda no iniciar un proceso formal de consultas sobre una posible modificación regulatoria, al no existir un consenso sobre el tema. En todo caso, el artículo explica que la deuda pública en los balances bancarios españoles va a reducirse de forma intensa en los próximos años, incluso bajo el actual marco regulador, tanto por la recuperación de la demanda de crédito tras cinco años de fuerte caída como por el menor atractivo de la inversión en deuda pública tras el descenso de tipos de interés en los tramos más largos. Esta menor exposición a la deuda pública permitirá que una potencial introducción de cargas de capital y/o límites cuantitativos a esa exposición en el seno de la unión bancaria tenga un impacto reducido sobre las entidades, incluso nulo si se realiza con un calendario transitorio holgado.
En términos de análisis micro, Jorge Rosell se detiene en la competitividad de las empresas españolas y explica que los costes financieros y los costes laborales a la baja permitieron en el pasado el crecimiento de la producción y al mismo tiempo mejorar la competitividad sin necesidad de arriesgar en innovación, ni incorporar nuevo capital tecnológico o invertir en formación del capital humano. En estos últimos años, sin embargo, la ganancia de productividad se ha mostrado compatible con crecimientos en el empleo y en los salarios reales, aunque la profundidad de la crisis fue tan acusada que para recuperar el nivel de productividad total perdido sería necesario mantener hasta 2019 el ritmo medio de 2012 a 2016 en el crecimiento de la productividad.
A día de hoy, el coste efectivo de la financiación es muy bajo, las restricciones de crédito a las empresas se disipan y la evolución de los salarios reales en los últimos años ha sido favorable, un escenario proclive para la recuperación de los resultados. Sin embargo, estamos ante posibles subidas de tipos y de los costes salariales, por lo que las empresas solo podrán mantener un crecimiento sostenido si mejoran la eficiencia productiva, mediante la incorporación de capital tecnológico, formación del capital humano e innovación. Solo así será compatible la mejora de las rentas con la competitividad frente a otras empresas.
El mercado de la vivienda en Europa, que experimenta una evolución desigual tras la crisis, centra el artículo de Santiago Carbó y Francisco Rodríguez. En algunos países, como España o Irlanda, se observa una recuperación progresiva desde 2014, más por la vía precios que por la variación de las compraventas, mientras que en otros como Reino Unido la recuperación fue más temprana y acelerada, desde 2010. España se sitúa en una posición intermedia en cuanto al aumento del precio de la vivienda, con tasas interanuales que, a principios de este año, se situaban en el 6,2%, algo por encima del incremento medio en la eurozona (4,5%) y en la UE (4,7%). No obstante, se trata de una recuperación irregular, con picos y valles en la trayectoria de los precios, aunque finalmente con predominio de los primeros.
Los problemas más acuciantes, en todo caso, se dan no tanto en el mercado de la vivienda en propiedad como en el de alquiler. El repunte de precios en este mercado ha elevado notablemente la rentabilidad bruta del alquiler y ha dado lugar a un intenso debate sobre sus causas y al papel que juegan socimis y arrendamientos turísticos online, especialmente en las grandes ciudades.
La Organización Mundial de la Salud ha venido defendiendo la utilización de impuestos como vía para potenciar las dietas saludables y penalizar el consumo de comidas y bebidas dañinas para la salud. Desiderio Romero-Jordán y José Félix Sanz estudian la posible incidencia de un impuesto sobre las bebidas azucaradas en España. Utilizando datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, muestran que los impuestos son una herramienta potencialmente eficaz para reducir el consumo de bebidas azucaradas en España, al concluir que una subida del 1% en los precios reduciría en un 1,12% el gasto en refrescos. Si bien la eficacia del impuesto y su impacto en la salud dependería de la existencia de productos sustitutivos con similar presencia de azúcar, la introducción del impuesto resultaría potencialmente eficaz para combatir la obesidad y el sobrepeso, de efectos dañinos para la salud.