Cuando hablamos del mercado laboral y de la dificultad de acceso al mismo, en la mayoría de las ocasiones nos referimos a la poca oferta de puestos de trabajo que hay, la bajada generalizada de sueldos y aumento de horas de dedicación a la empresa… incluso de los recortes en cuanto a derechos laborales y sociales que se están dando y que poco a poco se están llevando a cabo. Es decir, el trabajador tiene una situación complicada de la que, a día de hoy, no se ve la salida a corto plazo.
Por otro lado, es necesario tener en cuenta una problemática que afecta a empresas y sectores muy concretos de profesionales, que incide directamente en el desarrollo y creación de empleo. Dentro del territorio nacional, las empresas tienen que cumplir diferentes normas en función de la comunidad autónoma o localidad en la que operen; también hay determinados profesionales, como médicos, abogados, arquitectos, etc., a los que se les exige cumplir unos requisitos de cualificación por parte de las diferentes Administraciones Públicas o colegios profesionales de los que dependan.
La nueva ley que se aprobará en esta semana rompe con esta problemática e indica que: Las autorizaciones, licencias, habilitaciones, y cualificaciones profesionales tendrán eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de que el operador, empresario o profesional, realice ningún trámite adicional. Las autorizaciones, licencias, habilitaciones, y cualificaciones profesionales obtenidas de una autoridad competente para el ejercicio de una actividad, para la producción o puesta en el mercado de un bien, producto o servicio.
Esto beneficia a las empresas y profesionales ya que, según estimaciones de la CEOE, la falta de unidad de mercado cuesta 45.000 millones de euros al año.
Así, con esta nueva ley, una única licencia de origen valdrá para vender un bien o servicio en cualquier parte del país.
Una de las características de esta ley es que se rige, entre otros, por el principio de eficacia en todo el territorio nacional. Es por ello que ninguna Administración Pública podrá negar el ejercicio empresarial o profesional por razones de origen, lugar de residencia o lingüísticas. Esto también afecta a licitaciones públicas y la actividad privada.
La ley no afectará a aseguradoras, fondos de pensiones, cooperativas de crédito, transporte por ferrocarril y carretera, licencias municipales para taxis y autobuses públicos, y licencias municipales de apertura de farmacias.
Esto beneficia a muchas cadenas y empresas potentes que puedan generar empleo, que pretendan instalarse en cualquier zona de España, porque reduce mucho los tiempos de espera para iniciar la actividad y los costes, que en muchas ocasiones hacen que decidan marcharse a otro país o no realizar inversión alguna, con lo que anula la creación de empleo y por extensión la actividad y crecimiento económico.
Imagen 1 y 2: j3net flickr creative commons // marcopako flickr creative commons
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