En general, en España, no se puede exigir un certificado de antecedentes penales a menos que sea necesario para el puesto específico. Hay excepciones para trabajos relacionados con menores, seguridad y justicia, pero en la mayoría de los casos, una empresa no puede requerir un certificado de antecedentes penales y no es legal utilizar los antecedentes penales para tomar una decisión de contratación.

Si tienes antecedentes penales y estás buscando empleo, debes saber que, con carácter general, la empresa no puede exigirte la presentación de un certificado de antecedentes penales. También es ilegal investigar si alguien tiene antecedentes penales. 

Tener antecedentes penales no es sinónimo de estar en el paro

Esto se debe a que el uso de los antecedentes penales no está de acuerdo con la ley, ya que prima el derecho a la privacidad y la reinserción laboral. Adicionalmente, nuestra legislación establece que ningún trabajador debe ser discriminado en su trabajo o en el acceso al empleo. La ley también establece que la información sobre antecedentes penales es confidencial y está prohibido divulgarla públicamente.

En algunos trabajos legales en España, se puede requerir un certificado de antecedentes penales. Este certificado acredita la ausencia o presencia de antecedentes penales en el Registro Central de Penados en el momento de su expedición. En España, puede ser exigido para acceder a ciertos puestos relacionados con la seguridad (policías, militares, guardias civiles), ser juez, notario, abogado, y otros trabajos dentro del marco jurídico. 

También se requiere la ausencia de antecedentes penales para poder acceder a un puesto de profesor universitario, así como de médico, taxista, para trabajar en determinados puestos del Banco de España o incluso para ser vigilante de seguridad. Trabajar en ámbitos donde haya menores requiere atención especial. 

Cualquier profesional que trabaje con niños y adolescentes debe presentar un certificado específico, no el de antecedentes penales en general. El único certificado válido para trabajar con menores es el de delitos sexuales, que acredita que la persona no ha sido condenada por ese tipo de delitos.

Los antecedentes penales se pueden cancelar después de satisfacer las responsabilidades penales y civiles derivadas del delito. El tiempo de vigencia varía según la gravedad de la pena y puede ir desde seis meses para penas leves hasta diez años para penas graves. No haber cometido un nuevo delito durante este plazo es un requisito para la cancelación. El interesado debe solicitar la cancelación al Ministerio de Justicia, no se hace de forma automática. Sin respuesta en 3 meses, se consideran cancelados, pero es recomendable cerciorarse.

En general, un empleador no puede despedir a un trabajador por tener antecedentes penales, a menos que esos antecedentes estén directamente relacionados con el trabajo o sean una amenaza para la seguridad o la integridad de los demás empleados o clientes. Sin embargo, esto varía dependiendo de la legislación local, por lo que es recomendable consultar a un abogado o una organización de derechos laborales para obtener información precisa y actualizada.