En estos tiempos difíciles en los que encontrar un trabajo resulta tan complicado, muchas personas han encontrado una solución para salir adelante en la economía sumergida, es decir, en los trabajos en negro o en B, sin estar afiliado a la seguridad social ni pagar impuestos a Hacienda por los ingresos recibidos.
Esta forma de ganarse la vida, que es cada vez más rechazada por el resto de la ciudadanía (al menos sobre el papel en las encuestas), se ha extendido enormemente en España durante los últimos años, hasta el punto que a día de hoy, un 5% de las personas que trabajan en este país lo hacen sin declarar, dos puntos por encima de la media europea. Y es que en España una de cada tres personas conoce a alguien que comete fraude en materia laboral.
- El 80% de los españoles dice estar feliz en su trabajo
En la actualidad existen España alrededor de un millón de empleos en la economía sumergida, una cifra que representa el 8% del producto interior bruto (PIB) del país. No obstante, los españoles cada vez toleran menos este tipo de prácticas, según se desprende del último Eurobarómetro hecho público con datos referentes a 2013, aunque establecen importantes diferencias entre los casos en los que las irregularidades se llevan a cabo por parte de particulares y cuando quienes las cometen son empresas.
Algunas de las prácticas que más rechazo producen entre los ciudadanos son, por ejemplo, que una empresa subcontrate a otra la realización de determinados trabajos sin declararlo al Fisco ni a la Seguridad Social. Esta práctica resulta inaceptable para el 92% de la población. También es poco aceptado (91%) que se evadan impuestos total o parcialmente. En cambio, el nivel de rechazo cae cuando las prácticas irregulares se refieren a la contratación de personal. De hecho, solo el 88% de los españoles no tolera que las empresas cuenten con trabajadores en negro en sus plantillas.
Por otra parte, en España cada ciudadano se gasta anualmente una media de 250 euros en trabajos para los que realiza el pago sin factura, una práctica que, aunque igualmente irregular, no produce el mismo rechazo entre la sociedad. Y es que el 8% de los ciudadanos confiesa haber comprado algún bien o servicio sin recibo y solo el 72% de los encuestados admite no aceptar que un profesional lleve a cabo un trabajo particular sin registrar el cobro mediante la factura.
