Más de la mitad de los asesores cree que las retrocesiones de fondos no se anulan con MiFID 2

La directiva europea de los mercados financieros MiFID II ya lleva un año vigente en Europa y desde el pasado diciembre transpuesta al completo en España. Uno de sus principales objetivos es hacer más transparente e independiente el sector del asesoramiento financiero, y pretende poner coto a las retrocesiones que las gestoras ceden a los comercializadores por vender sus fondos. Sin embargo, más de la mitad de los asesores españoles cree que estos incentivos no se eliminarán con MiFID II.

Así lo pone de manifiesto una encuesta de EFPA España entre 1.100 de sus asociados certificados, todos ellos asesores financieros. Esto tiene que ver con el modelo de negocio mayoritario en materia de inversión que han elegido las entidades para adaptarse a la directiva europea. El 45% de los consultados afirma que su compañía se ha decantado por el asesoramiento no independiente (donde se permiten las retrocesiones), frente a un 28% que lo ha hecho por el asesoramiento independiente (cobro explícito al cliente) y otro 27% que ha optado por un modelo híbrido o mixto.

A pesar del retraso en la transposición completa de MiFID II en España, una gran cantidad de entidades ya ha hecho los deberes de adaptación. Un 72% de los asesores considera que su compañía se ha adaptado totalmente o está en una fase muy avanzada, aunque hay un 28% de los mismos que reconoce que aún hay camino por recorrer, bien porque la entidad sólo se ha adaptado formalmente (23%) bien porque es aún insuficiente el trabajo realizado (5%).

En general, la gran mayoría de profesionales ve en MiFID II su capacidad de mejora de la industria, pero no todos consideran que estas mejoras sean trascendentales. Un 86% de los asesores considera que las modificaciones normativas recientes han supuesto un verdadero cambio en el modelo de asesoramiento financiero en España, pero únicamente un 25% cree que ese cambio haya sido “radical”.

LA FORMACIÓN OBLIGATORIA DE LAS REDES, DEFICIENTE

Otro de los fines de MiFID II es profesionalizar el sector de la inversión, una necesidad imperiosa que tienen los supervisores a raíz de la crisis de 2008. Desde 2018, todos los profesionales que informen y vendan (o asesoren) productos de inversión deben estar certificados por un tercero. Y cada supervisor local ha seguido un modelo propio en base a los principios de ESMA, el supervisor europeo de los mercados financieros.

En España, sin embargo, el nivel de satisfacción a este respecto es muy bajo. Seis de cada diez asesores afirman que los nuevos requisitos sobre conocimientos y competencias solo persiguen alcanzar unos mínimos de cumplimiento (el 51%) o que la adaptación normativa se está llevando de forma “muy deficiente” (9%). Es decir, a la mayoría les parece que la nueva formación de las redes se queda corta para tratar con clientes sobre fondos u otros productos de inversión y que se trata más bien de un gesto estético, ya que la cifra de asesores satisfechos con la transposición de estas exigencias es solamente del 40%.

FUSIONES Y ADQUISICIONES ENTRE FIRMAS EN EL ENTORNO POST MIFID II

Una derivada de la entrada en vigor de MiFID II en Europa y en España es el aumento de burocracia y costes que conlleva para las entidades, que ahora se dedican a fichar más profesionales de cumplimiento normativo que gestores o banqueros ante la alta exigencia regulatoria que cumplir. Esto implica que se necesiten grandes volúmenes de negocio para poder sobrevivir con estas nuevas reglas del juego y así amortizar tantos costes extra. Según diversas fuentes del sector, menos de 1.000 millones de euros es insuficiente, aunque otras fuentes sitúan en 500 millones la barrera mínima.

Quien no alcance estos volúmenes, tendrá que replantearse su futuro. En este sentido, el 41% de los asesores financieros de EFPA España cree que se reducirá el número de entidades por el incremento de los costes, con fusiones o adquisiciones, mientras que un 25% piensa que la cifra de entidades se incrementará por la mayor demanda de servicio de los clientes. Para el 34% restante, MiFID II no tendrá una incidencia significativa en cuanto al negocio y la viabilidad de las entidades.