La última medida del Gobierno para ayudar a las empresas es la posibilidad de retrasar el pago de las retenciones de IRPF a Hacienda. La medida, que todavía no se ha puesto en marcha pero que está previsto que se haga en las próximas semanas, permitirá que las compañías aplacen este pago para mejorar su situación de liquidez. La decisión ha contribuido a elevar la polémica sobre la actuación del ejecutivo durante la crisis, ya que el dinero que las empresas dejan de pagar no es suyo en realidad, sino que corresponde a los descuentos que se hacen en la nómina del trabajador como previsión para la declaración de la renta. Es decir, la empresa estaría disponiendo del capital de sus empleados, con todos los riesgos que esto implica.
La medida está enfocada a aumentar la liquidez de las empresas, pero para evitar peticiones en masa, se ha restringido a empresas que tengan dificultades graves para hacer frente a sus pagos pero que demuestren su solvencia a medio plazo. Este binomio es relativamente complicado de encontrar, por lo que al final no serán tantas las pyme que puedan retrasar el pago de las retenciones de IRPF.
Las delegaciones de Hacienda ya cuentan con instrucciones para aplicar la medida, que sin embargo tiene algunos puntos negros que deberían aclararse, empezando por el periodo máximo que se podrá retrasar el pago. Entre los requisitos para poder solicitar el aplazamiento del pago de las retenciones de IRPF, figuran el presentar un aval y pagar un tipo de interés de demora del 7% según figura en los Presupuestos Generales de 2009. Y es que por lógica, la moratoria no debe de ser más barata que pedir un crédito al banco, ya que si no todas las empresas se acogerían a esta modalidad.
Así, la posibilidad de aplazar el pago del IRPF en Hacienda se une a las de retrasar el pago del IVA y del Impuesto de Sociedades, bastante más habituales entre las empresas. En este caso, la Agencia Tributaria se limita a conceder una moratoria en la entrega de esta deuda, cuya diferencia con la nueva medida es que se trata de un dinero que proviene de la empresa y no de la nómina de los empleados. En realidad se puede solicitar el aplazamiento de cualquier deuda con el Estado, tanto con Hacienda como con la Seguridad Social.
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